En la edición de LIDAAPI Informa de febrero resaltamos que “tras cuatro décadas de desarrollo normativo caracterizadas por la dispersión regulatoria y como respuesta a un nuevo diseño constitucional que otorgó autonomía institucional y funcional al ente regulador del sistema monetario y financiero, en 2002 se concretó la promulgación de la Ley Monetaria y Financiera que representó una actualización del modelo regulatorio vigente hasta ese momento. En esa ocasión señalamos que la Ley Monetaria y Financiera como sus reglamentos y normas de aplicación resultaron esenciales para consolidar el rol central y fundamental del sistema monetario y financiero en el desarrollo nación.
Las reformas constitucionales aprobadas en los últimos años, los cambios en los mercados internacionales, la acogida de monedas digitales, la presencia de nuevos mecanismos y sistemas de pago, el avance de las tecnologías digitales, la expansión del sector FinTech, entre otras, ha quedado claro que la Ley Monetaria y Financiera requiere ser adecuada a esa nueva realidad.
Los desafíos emergentes en el ámbito financiero global requieren un marco regulatorio actualizado que permita al sistema financiero adaptarse a estos nuevos tiempos y mantener su papel clave en el desarrollo económico y social del país e incidir de forma relevante en el entorno regional.
No menos importante, sin perjuicio de que los principios del cooperativismo se mantienen y de su consagración en la Constitución dominicana, el modelo requiere de su modernización y de una regulación bajo un enfoque macroprudencial, que incorpore a las cooperativas de ahorro y crédito como entidades reguladas y supervisadas por la Administración Monetaria y Financiera, evitando así una competencia desleal que crea riesgos al mercado.
En ese sentido, valoramos las recientes declaraciones en la prensa nacional del Director Ejecutivo de AIRAC cuando expresó que “la regulación es un gran reto del sector cooperativista en República Dominicana. No obstante, las cooperativas de ahorro y crédito, uno de los siete tipos que existen en el país, deben regularse por el órgano rector que exista en el país para esa actividad, que es la Superintendencia de Bancos”. Similar planteamiento ha sido realizado por las misiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) que cada año nos visitan para realizar una evaluación macroeconómica-financiera del país como también por recientes editoriales en importantes diarios nacionales.
La Constitución de 2010 y sus reformas posteriores introdujeron disposiciones que impactaron el sistema financiero, destacando el reconocimiento de los derechos del consumidor el mandato de promover la inclusión financiera y el desarrollo económico sostenible.
En este contexto, y en línea con prerrogativas constitucionales como el derecho del Estado a dictar medidas para regular la economía y promover planes nacionales de competitividad e impulsar el desarrollo integral del país, se ha diseñado una estrategia de competitividad que proyecta a la República Dominicana para el año 2040 con un “sistema financiero que sea accesible para todos sin importar su tamaño y vocación, y que promueva los emprendimientos innovadores sobre todo en sectores de alto valor agregado. Donde la formalidad y la calidad crediticia tengan valor reputacional, y donde el sistema financiero sea solvente, transparente, innovador y promueva la eficiencia que permita sustentar una economía completamente en línea”.
Además, la inclusión crediticia es un objetivo prioritario del Estado dominicano, esencial para alcanzar las metas de desarrollo y crecimiento económico establecidas en la Ley núm. 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030. Para avanzar en estos objetivos, el Estado dominicano ha impulsado acciones como la creación de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2022-2030, cuyo propósito es la coordinación de acciones y políticas que incrementen el acceso y uso de productos y servicios financieros a sectores no bancarizados.
En este marco, la clarificación del entorno regulatorio es clave para promover la competencia, diversidad e inclusión financiera, beneficiando a los diversos actores involucrados.
Siguiendo las disposiciones del régimen económico constitucional la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2022-2030, tiene como objetivo principal la coordinación de acciones y políticas que conduzcan al incremento del acceso y uso de productos y servicios financieros a sectores no bancarizados del país.
Para esto, se contemplaron líneas de acción en base a diversos objetivos trazados, de las que se destaca: “evaluar integralmente, estudiar y diseñar procesos y arreglos regulatorios del mercado y de la provisión de servicios financieros, que impulsen la dinamización, innovación y competitividad del ecosistema financiero, la industria Fintech y la adopción de tecnologías emergentes, orientados a la participación de nuevos actores y modelos de negocio y proporcionando entornos regulados, supervisado y proporcionales, tendentes a la salvaguarda del estado general de estabilidad financiera”.
La actual Ley Monetaria y Financiera aún no ha sido actualizada para reflejar estos cambios constitucionales y metas estatales. Cabe resaltar que, a lo largo de los años, la Administración Monetaria y Financiera ha presentado diversas propuestas de modificación de la Ley Monetaria y Financiera con el fin de adecuarla a los nuevos retos y realidades del sector, aunque hasta el momento estos intentos no se han materializado en una reforma integral.
