La historia de la regulación financiera en República Dominicana inició con la promulgación de la primera Constitución en 1844, la cual asignó al Congreso la responsabilidad de decretar el establecimiento de un banco nacional, así como de determinar y uniformar el valor, peso, tipo y nombre de la moneda. Tras décadas de evolución, en 1909 se aprobó la Ley sobre Instituciones Bancarias núm. 4911-00 considerada como la primera legislación nacional en la materia y vista por muchos como la primera gran reforma en el sector.
Un nuevo hito que marcó una reforma significativa se produjo con la promulgación de la Constitución de 1947, destacándose por la creación de la Junta Monetaria y la instauración del ente único emisor de la moneda nacional. Esta reforma se consolidó con tres leyes claves ese mismo año: la Ley Monetaria núm. 1528, la Ley Orgánica del Banco Central núm. 1529 y la Ley General de Bancos núm. 1530.
En la década de 1960 se promulgó un conjunto de leyes, modificaciones y normas especializadas que produjeron un cambio importante en la normativa financiera, promoviendo el desarrollo de nuevos segmentos y áreas de operaciones y servicios. Entre estos cambios se destacan la creación del sistema de ahorros y préstamos para la vivienda con la Ley núm. 5897 de 1962, la Ley 127-64 de asociaciones cooperativas, la concepción de las sociedades financieras, los bancos hipotecarios y los bancos comerciales, estos últimos posteriormente consolidados en lo que hoy conocemos como banca de servicios múltiples. Dicho modelo respondió a la concepción de un sistema monetario y financiero basado en la idea de un Banco Central como proveedor de liquidez al sistema y orientado a la ejecución de políticas económicas sectoriales y desarrollistas, a su vez, la regulación bancaria se alineaba con enfoques paternalistas y cuasi-concesionales del negocio bancario.
Tras cuatro décadas de desarrollo normativo caracterizadas por la dispersión regulatoria y como respuesta a un nuevo diseño constitucional que otorgó autonomía institucional y funcional al ente regulador del sistema monetario y financiero, en 2002 se concretó la promulgación de la Ley Monetaria y Financiera que representó una actualización del modelo regulatorio vigente hasta ese momento.
La citada ley sentó las bases para un sistema financiero más robusto y transparente, concibiendo de forma unificada al propio sistema monetario y financiero, tal como lo contemplaba la Constitución dominicana de aquel momento, sustituyendo el modelo de supervisión financiera inspirado en la coadministración o franquicia estatal sobre el negocio bancario por el modelo de supervisión basado en un esquema de seguimiento permanente de las condiciones de liquidez y solvencia que se conciben como mínimas, para así evitar la insolvencia regulatoria.
Con el tiempo, se ha demostrado que tanto la Ley Monetaria y Financiera como sus reglamentos y normas de aplicación resultaron esenciales para consolidar el rol central y fundamental del sistema monetario y financiero en el desarrollo nacional.
