El ordenamiento jurídico dominicano se rige de acuerdo con el principio de jerarquía normativa, que permite establecer el orden de aplicabilidad de las normas jurídicas. Tal subordinación jerárquica implica que, ninguna disposición podrá vulnerar los preceptos de otra de grado superior, bajo pena de nulidad, ni regular aspectos reservados a la ley, conforme al principio de legalidad. Los instrumentos normativos cumplen roles específicos en el ordenamiento jurídico; en sentido general, las leyes suelen establecer principios y reglas generales; los reglamentos son dictados para la aplicación de las leyes, siendo subordinados a estas; y, los instructivos, a su vez, son de carácter técnico y establecen directrices y procedimientos para la aplicación práctica de las leyes y de los reglamentos asociados.
En el ámbito del sistema monetario y financiero, de acuerdo con el artículo 1 literal c) de la Ley Monetaria y Financiera, su regulación se sustenta principalmente por la Constitución y la Ley Monetaria y Financiera, así como por los reglamentos que dicte la Junta Monetaria y los instructivos –subordinados jerárquicamente– que dicten el Banco Central y la Superintendencia de Bancos en sus respectivas áreas de competencia, aplicando de manera supletoria las disposiciones del Derecho Administrativo y las del Derecho Común.
Esta legitimidad de la potestad reglamentaria de la Administración Monetaria y Financiera se fundamenta en la atribución constitucional reconocida a la Junta Monetaria para la regulación del sistema monetario y financiero y en la validación por parte del legislador -vía la Ley Monetaria y Financiera- de habilitar a determinados órganos o dependencias administrativas para el dictado de reglamentos en las áreas de competencia. Esta potestad reglamentaria adquiere especial relevancia dado al carácter mutable, dinámico y cambiante de la actividad financiera.
Los reglamentos adoptados por la Junta Monetaria implican, por un lado, el desarrollo complementario del régimen regulatorio previsto en la Ley Monetaria y Financiera, a la vez que han servido, con el paso del tiempo, para adecuar la interpretación reglamentaria de los mandatos del legislador a las nuevas realidades del mercado y evitar así su obsolescencia. Esto último ha permitido en cierta forma el desarrollo regulatorio del sistema durante las últimas décadas. Sin embargo, estos esfuerzos han encontrado su límite natural al agotarse y superarse el modelo conceptual al que responde la legislación, dada la naturaleza dinámica de las actividades financieras.
Uno de los principales desafíos que enfrenta el sistema financiero dominicano es el predominio de normas administrativas que sustituyen o amplían el rango de la legislación formal. Si bien las normas administrativas son necesarias para adaptarse rápidamente a los cambios del mercado, su uso excesivo puede generar incertidumbre.
El sistema financiero debe ser regulado de manera que se garantice la certeza jurídica para todos los actores del mercado, desde los consumidores hasta las instituciones financieras, permitiendo que se desarrollen en un entorno transparente y estable. El modelo regulatorio, además, debe fomentar la atracción de inversión y participantes nacionales y extranjeros, quienes basan sus decisiones en un entorno predecible y consistente con los principios de regulación globales.
Como señalamos en anteriores números de LIDAAPI INFORMA, tanto la Ley Monetaria y Financiera como sus reglamentos y normas de aplicación han resultado esenciales para consolidar el rol central y fundamental del sistema monetario y financiero en el desarrollo nacional. Ahora bien, en los últimos años se han producido cambios constitucionales, metas estatales y ajustes de las mejores prácticas y regulaciones de referencia global que no figuran en la actual Ley Monetaria y Financiera, y por otra parte, se han generado avances de gran magnitud en el desarrollo de nuevas tecnologías y en los procesos de digitalización que han cambiado la forma en que se prestan los servicios financieros por lo que se requiere que nuestra legislación del sistema financiero se modernice y no quedar obsoleta frente a esos avances.
Debido a las consideraciones expuestas es evidente que la actualización de la Ley Monetaria y Financiera es una necesidad para continuar fortaleciendo la regulación y supervisión del sistema financiero del país y para sentar bases robustas de su crecimiento futuro en un entorno totalmente diferente al que la vio nacer.
