La Constitución de 2010 y sus reformas posteriores introdujeron disposiciones que impactaron el sistema financiero, destacando el reconocimiento de los derechos del consumidor el mandato de promover la inclusión financiera y el desarrollo económico sostenible.
En este contexto, y en línea con prerrogativas constitucionales como el derecho del Estado a dictar medidas para regular la economía y promover planes nacionales de competitividad e impulsar el desarrollo integral del país, se ha diseñado una estrategia de competitividad que proyecta a la República Dominicana para el año 2040 con un “sistema financiero que sea accesible para todos sin importar su tamaño y vocación, y que promueva los emprendimientos innovadores sobre todo en sectores de alto valor agregado. Donde la formalidad y la calidad crediticia tengan valor reputacional, y donde el sistema financiero sea solvente, transparente, innovador y promueva la eficiencia que permita sustentar una economía completamente en línea”.
Además, la inclusión crediticia es un objetivo prioritario del Estado dominicano, esencial para alcanzar las metas de desarrollo y crecimiento económico establecidas en la Ley núm. 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030. Para avanzar en estos objetivos, el Estado dominicano ha impulsado acciones como la creación de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2022-2030, cuyo propósito es la
coordinación de acciones y políticas que incrementen el acceso y uso de productos y servicios financieros a sectores no bancarizados.
Con ello, el país entraría en el conjunto de naciones que promueven la consolidación de un sistema financiero más inclusivo, abierto, accesible y transparente.
En este marco, la clarificación del entorno regulatorio es clave para promover la competencia, diversidad e inclusión financiera, beneficiando a los diversos actores involucrados.
Siguiendo las disposiciones del régimen económico constitucional –que reconoce el rol del Estado de promover las iniciativas económicas para incentivar el desarrollo del país, fomentar las condiciones de integración del sector informal en la economía nacional, proteger el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, las empresas familiares y otras formas de asociación comunitaria para el trabajo, la producción, el ahorro y el consumo, que generen condiciones que les permitan acceder a financiamiento, asistencia técnica y capacitación oportunos–, así lo concibe la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2022-2030, cuyo objetivo principal es la coordinación de acciones y políticas que conduzcan al incremento del acceso y uso de productos y servicios financieros a sectores no bancarizados del país.
Para esto, se contemplaron líneas de acción en base a diversos objetivos trazados, de las que se destaca: “evaluar integralmente, estudiar y diseñar procesos y arreglos regulatorios del mercado y de la provisión de servicios financieros, que impulsen la dinamización, innovación y competitividad del ecosistema financiero, la industria Fintech y la adopción de tecnologías emergentes, orientados a la participación de nuevos actores y modelos de negocio y proporcionando entornos regulados, supervisados y proporcionales, tendentes a la salvaguarda del estado general de estabilidad financiera.”
Ahora bien, la Ley Monetaria y Financiera aún no ha sido actualizada de manera adecuada para reflejar estos cambios constitucionales y metas estatales. Este desfase normativo ha provocado una desconexión entre la legislación vigente y las políticas públicas actuales, lo que podría dificultar la implementación de medidas coherentes y efectivas.
Cabe resaltar que, a lo largo de los años, la Administración Monetaria y Financiera ha presentado diversas propuestas de modificación de la Ley Monetaria y Financiera con el fin de adecuarla a los nuevos retos y realidades del sector, aunque hasta el momento estos intentos no se han materializado en una reforma integral.
Además, esta falta de actualización no se encuentra alineada con la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, que en sí misma destaca la necesaria modificación normativa, la cual, a nuestro juicio, no puede ser lograda sin una revisión de la Ley Monetaria y Financiera.
